«Le han dado un documental enlatado y lo han publicado». La frase, pronunciada por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante el programa emitido en RTVE sobre los cinco años de la pandemia, ha resumido la postura que ha venido manteniendo el Gobierno de Díaz Ayuso sobre el documental 7.291, que es básicamente que no debería emitirse.

Respondía al presentador, Xavier Fortes, quien explicó que la cadena había rechazado «un vídeo enlatado de la presidenta» después de que ésta rechazara la invitación a participar en el programa. «No se admiten publirreportajes, ni de Moncloa ni de la Puerta del Sol, ni del Gobierno central ni del Gobierno regional«, dijo rotundo el periodista.

Y así, con el Zendal de fondo –el hospital insignia de Ayuso–, el senador y dirigente popular se centró, más que en aclarar datos, en atacar la televisión pública española y en defender la televisión pública de Madrid. Desde su punto de vista, a pesar de la magnitud de la tragedia –Madrid acumuló el mayor exceso de muertes durante la pandemia en toda España– no tiene interés informativo centrarse en la gestión de esta comunidad autónoma cinco años después.

En el programa, antes de la emisión del documental, fueron entrevistadas la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, la actual ministra de Sanidad, Mónica García, la hija de una de las mujeres fallecidas en una residencia, Ángela Arreba, y el exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero. Varios periodistas participaron también en un coloquio, entre ellos, Manuel Rico, que publicó en Infolibre los datos oficiales facilitados por el gobierno de Ayuso, y que ahora, cinco años después, desmiente.

«El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100«, ha afirmado el Ejecutivo madrileño en un comunicado. «Fue un invento del entonces consejero», ha añadido. El hoy exconsejero Alberto Reyero, de Ciudadanos, ha respondido: «Los datos que se trasladaron, vía portal de transparencia, son los que nosotros trasladábamos diariamente a la Consejería de Sanidad, en los que indicábamos los fallecidos que había en cada una de las residencias, una información que también enviábamos al Ministerio de Sanidad y que también periódicamente enviábamos a la Fiscalía, por lo que ahí no hay ningún invento de ningún de ningún número». El periodista Manuel Rico se ha remitido también a los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, prácticamente la misma cantidad de fallecidos.

Imagen de archivo de miembros de la Asociación 7291 Verdad y Justicia la semana pasada frente a la Asamblea de Madrid. EFE/Chema Moya

Con este comunicado, el gabinete de Díaz Ayuso asegura querer dar «los datos exactos» de su gestión, aunque no recoge ni el número de contagios ni la cifra global de fallecidos en la región. Cinco años después, familiares de mayores fallecidos en 2020 en residencias madrileñas siguen acusado a la presidenta de ser la culpable de que 7.291 fallecieran «con sufrimiento, con dolor, sin asistencia, asfixiándose, ahogándose, solos, llorando, llamando a gritos a cualquiera«. 

«¿Le gustaría morir así?», ha dicho Pilar López, de Marea de Residencias, Verdad y Justicia a la dirigente madrileña en declaraciones a los medios tras reunirse con la ministra Sanidad, Mónica García, quien se ha comprometido a modificar el modelo para que estos centros dejen de ser «lugares aislados» del sistema sanitario, informa Efe. Para esta mujer, lo que está haciendo Ayuso ahora es «intentar reescribir la historia de lo que sucedió«.

«Los dejaron morir como a perros», dice una de las afectadas en el documental, donde de alguna manera también, como recuerda otra de las familiares, se homenajea a una generación que «se partió el alma por sacar a sus hijos adelante y murieron solos».