Doce minutos después de iniciarse el programa previo a la emisión del documental ‘7.291’, sobre los fallecidos en residencias en Madrid durante los dos primeros meses de pandemia, el programa de RTVE que ha dirigido Xabier Fortes ya había colocado a Madrid a la cabeza de las muertes en comunidades en España. Por delante, añadían, de otras con más población, como Andalucía, explicaban, sin tener en cuenta la enorme densidad de la región madrileña. Fortes recordaba también que Madrid fue la región con mayor exceso de mortalidad de toda Europa, e incidió en varios momentos del debate en los fallecidos en residencias y en los protocolos que limitaban las derivaciones desde estos establecimientos a los hospitales.

Estas muertes han sido en los últimos años, y lo siguen siendo, el principal ariete contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Un tema con el que nadie se siente cómodo entre los populares, Difícil, polémico, con muchas aristas y que trata de decisiones tomada en un momento de máxima presión asistencial, con un incremento de más de 700 muertos en residencias en sólo una semana, y cuando las UCIs de los hospitales estaban a punto de colapsar.

La emisión esta noche del documental ‘7.291’ simultáneamente en La 2 de TVE y en el Canal 24 horas, ha estado precedida por ese debate sobre la pandemia, cuando se cumplían cinco años, dirigido por Xabier Fortes y en el que han participado cuatro periodistas: Javier Casqueiro, Manuel Rico, Lucía Méndez y Paloma Esteban. Un debate que se ha terminado ciñéndose en su mayoría a lo que ocurrió en las residencias de mayores de Madrid. Durante toda la jornada, la que la presión sobre este documental y los hechos que relata fue en aumento.

Además, han participado en el programa varios políticos, entrevistados fuera de plató: la ex vicepresidenta socialista Carmen Calvo; el ex consejero de Políticas Sociales de Madrid Alberto Reyero; la ministra de Sanidad, Mónica García, que durante la pandemia era diputada de la oposición a Ayuso en la Asamblea de Madrid; y el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano. Ángela Arreba, la hija de una fallecida en residencia acusó a la presidenta de «violencia institucional» y de «deshumanizar» a las familias.

Carmen Calvo no ha dudado en recordar, junto con las decisiones políticas que hubo que tomar, su experiencia personal como paciente, en la que confiesa que se vio muy cerca de la muerte. Y Reyero, responsable de las residencias madrileñas cuando se inició la pandemia y apartado de su responsabilidad por la presidenta Díaz Ayuso a finales de marzo de 2020 para darle el mando único a Sanidad, ha denunciado una vez más, como ha hecho estos años y también en un libro que escribió, los protocolos de Madrid que excluían del traslado a los hospitales a los mayores de residentes con discapacidades o dependencias o los de mayor edad. «Eso es una discriminación intolerable y algo contra lo que nos tenemos que rebelar», ha dicho.

La ministra de Sanidad ha apostado por reforzar el servicio sanitario español, como principal lección extraída de la pandemia. Las decisiones políticas que tomó Madrid entonces, en especial el protocolo, le parece que fueron especialmente malas: «Se priorizó la propaganda, podían haber pedido a las ONGs que entraran en las residencias», ha defendido, para evitar que esas persona «murieran de manera indigna». Por eso, pide que en el Ejecutivo madrileño asuman responsabilidades políticas.

La voz que se escuchó desde el PP fue la del secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, que ha conectado desde la puerta del Hospital Isabel Zendal y ha denunciado lo que considera manipulación de RTVE en su tratamiento de este tema. «Hacer balances es normal, lo que es extraño es que la TVE ponga el foco en los fallecidos en residencias en Madrid, debe ser que los de otras regiones son menos importantes». Ha defendido la cifra que dan, 4.100 fallecidos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, ha concluido.

Serrano defiende las razones por las que hubo exceso de mortalidad en Madrid por su densidad: «Tenemos el aeropuerto, por el que pasan millones de personas, y en el Metro de Madrid viaja cada día tanta gente como toda la población de Euskadi». Los protocolos de derivación de residentes a hospitales, asegura, se aplicaron también en Aragón y en Cataluña.

El confinamiento, las calles vacías, los balcones llenos y las consecuencias que todo ello ha tenido en nuestras vidas han dado pie a un cúmulo de recuerdos sobre un periodo que parecía una distopía y tras el cual, como primera conclusión, señalaron los participantes en el debate que «no salimos mejor».

El estreno en RTVE del documental ‘7291’, dirigido por Juanjo Castro, ha desatado una fortísima polémica, recrudecida al haber coincidido con el día de celebración del pleno en la Asamblea madrileña. El tema ha dado lugar a un tenso cruce de acusaciones entre los partidos de oposición y la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Desde primera hora de la mañana, el Gobierno regional se movilizaba, enviando una carta al presidente de RTVE exigiéndole que se emitiera el vídeo de balance de la gestión en la pandemia que había realizado el día antes la presidenta madrileña, al igual que se hacía con el de Castro, que calificaban como «sesgado». Desde el ente se rechazó la pretensión, calificándola de «intromisión». Por su parte, Castro también defendió su trabajo mediante un comunicado en redes sociales: «No ha habido subvenciones ni ayudas públicas. Tampoco pertenezco a ningún partido u organización política».

Las muertes de mayores en residencias durante la pandemia, sin ser derivados a hospitales, es la piedra en el zapato de Isabel Díaz Ayuso, que la oposición no cesa de recordarle periódicamente. Y en los últimos días, han arreciado en la presión, que se ha rematado con el anuncio de RTVE de que emitiría el documental. Algo que ya había solicitado antes Más Madrid al canal autonómico madrileño, Telemadrid, sin obtener respuesta.

Los fallecimientos dieron pie a una comisión de investigación que se abrió en julio de 2020, cuando el gobierno madrileño lo formaban una coalición de PP y Ciudadanos. El adelanto electoral de mayo de 2021 supuso la disolución de la Asamblea y el cierre de todas las comisiones, incluida esta. Y los resultados de los comicios marcó un cambio de signo en el Ejecutivo, del que los votantes borraron a la formación naranja. Un nuevo intento por reabrir de nuevo la comisión fue rechazado con el voto en contra del PP y la abstención de Vox.

Los 7.291 fallecidos han sido utilizados en debates, lanzados como acusación en titulares e incluso impresos en carteles de tamaño gigantesco en dos fachadas de edificios en Vallecas y La Elipa por parte de Más Madrid.

La oposición lleva años removiendo el capítulo de los llamados ‘protocolos de la vergüenza’, instrucciones para homogeneizar los criterios de derivación de las residencias de mayores a los hospitales en lo peor de la pandemia. Según declaró Carlos Mur, el alto cargo de la Sanidad madrileña que firmó aquellos protocolos, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea sobre el asunto, no eran ordenes estricta sino una guía. El Gobierno regional negó que hubieran pasado de ser meros borradores.

Una de las fuentes del documental ‘7.291’ fue Alberto Reyero (Cs), el consejero de Políticas Sociales y responsable de las residencias en el momento de iniciarse la pandemia. Pero sólo entonces: a finales de marzo fue relegado de sus funciones, al otorgar Díaz Ayuso el mando único a Sanidad. Reyero afirma que ya había manifestado en las primeras semanas su desacuerdo con el trato que se estaba dando a las residencias, y tras ser apartado sus críticas no cesaron; por el contrario, llegó a declarar públicamente que los protocolos ni eran éticos ni eran legales.

En abril de 2023, se constituyó la Comisión de la Verdad, que desde el PP se vio como un ‘tribunal ciudadano’. Lo presidía el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, y lo promovían las plataformas Marea de Residencias y ‘Verdad y Justicia’. Casi un año después, expuso su informe: con los datos oficiales, entre marzo y abril de 2020 murieron 9.470 personas que vivían en residencias de Madrid: 7.291 en los propios centros y 2.179 en el hospital. En sus conclusiones, apuntaban a una actuación «inadecuada» del Gobierno regional, y a que «más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida». Nadie del Gobierno regional quiso participar en esa comisión, a la que no consideraban independiente y sí vinculada a la izquierda ideológica.

En el capítulo final de las recomendaciones de su informe, se pide que los fiscales actúen en este caso «de modo proactivo». Pero en el Gobierno regional ponen en valor que hasta la fecha, ha habido más de 60 sentencias judiciales archivando o desestimando las demandas interpuestas por el fallecimiento de personas en residencias.

Lo ocurrido en estos centros para mayores durante los primeros meses de la pandemia, donde el virus actuó con particular dureza, hizo replantearse hasta el modelo de este tipo de establecimientos, que ahora se quieren más pequeños y manejables. Pero a ojos del presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, «ni Madrid ni ninguna comunidad abandonó a los mayores».